Trabajo relacional y cuidados:

Reflexiones feministas sobre la territorialización de las políticas sociales de infancia y juventud


Ana Cecilia Gaitán. Dra. en Antropología (UBA). Investigadora Asistente del LICH- UNSAM/CONICET. Docente en UNSAM y UBA. a.ceciliagaitan@gmail.com

Florencia Paz Landeira. Antropóloga (UBA). Becaria doctoral del LICH-UNSAM/CONICET. Docente en UNSAM y UBA. flor.pazlandeira@gmail.com [*]

Lugar: Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Fecha envío: 03/06/2020

Fech publicación: 14/06/2021


Resumen

A partir de las discusiones producidas desde la teoría feminista del Estado y de nuestras etnografías sobre políticas sociales dirigidas a niñes y jóvenes en Buenos Aires, en este texto reflexionamos sobre el trabajo relacional desplegado por les referentes territoriales de dichas políticas como aspecto central de sus implementaciones y, en términos más amplios, de la producción y reproducción social de la vida en común. Interesa iluminar la producción social y relacional de los territorios a los que el Estado se propone “llegar” a través de diches referentes, desde la puesta en diálogo de las discusiones sobre precariedad y cuidados.


Palabras clave: Trabajo relacional; Estado; Precariedad; Feminismos; Territorio


[*]Ambas investigadoras integran el Programa de Estudios Sociales en Género Infancia y Juventud del Centro de Estudios Desigualdades Sujetos e Instituciones (CEDESI) de la UNSAM. Las reflexiones aquí presentadas se nutrieron de las discusiones compartidas con les integrantes de dicho espacio y de los proyectos de investigación colectivos realizados en los últimos años.




Introducción

La teoría feminista se ha constituido en referencia ineludible para pensar al Estado y las políticas sociales. Si bien los primeros abordajes tendían a verlo como un instrumento monolítico de reproducción de las jerarquías de género, luego de décadas de reflexión, existe un consenso respecto de que estas miradas homogéneas y de altos niveles de abstracción ofrecen una visión parcial del Estado, desconociendo las múltiples y contradictorias formas en que modelan y son modelados por las relaciones de género (Haney, 1996). Actualmente, se privilegian abordajes “desde abajo”, atentos a los múltiples aparatos y escenarios de interacción que lo componen y que integran al análisis las determinaciones institucionales e históricas y las relaciones sociales en que dichas interacciones y prácticas estatales se producen. Estas contribuciones han evidenciado la heterogeneidad y contradicción de las prácticas estatales. También, el carácter reflexivo de sus agentes y la capacidad de respuesta y reapropiación de les destinataries de dichas acciones en el marco de escenarios de negociaciones institucionalmente situadas en los que dirimen intereses, posiciones identitarias y necesidades (Fraser, 1989).


En Argentina en las últimas dos décadas, se ha consolidado un campo de debates feministas sobre las políticas sociales (Llobet, 2012; Medan, 2019; Zibecchi, 2019). Estas investigaciones han demostrado cómo las mujeres pobres son “activas constructoras de un entramado de relaciones con el Estado” (Zibecchi, 2019:50). Inscriptas en dicho campo, nuestras etnografías realizadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires[1], evidencian que el trabajo orientado a la inclusión social de jóvenes y al fortalecimiento de las familias en la crianza a través de programas sociales se inscribe en tramas de relaciones de interdependencia (Elias, 2016), en las que les referentes territoriales, principalmente encarnades en mujeres, ponen en juego compromisos interpersonales claves para la concreción de los objetivos programáticos, aún en modos en que éstos resultan reconfigurados. Dichas referentas le permiten al Estado “llegar” a los territorios y a les destinataries de una forma que les trabajadores profesionales no garantizan, a la vez que participan activamente de la producción y reproducción de estos territorios en tanto espacios sociales y morales.



Estas páginas fueron escritas al calor del avance del Covid-19 y de los modos en que la pandemia y el aislamiento social decretado en el país, afectaba las vidas en dichos territorios profundizando desigualdades de clase, género, etnia y nacionalidad.[2] Nos interesa recuperar, entonces, la categoría de precariedad para iluminar la centralidad de dicho trabajo relacional en la construcción de lo común y la sostenibilidad de la vida (Caffentzis y Federici, 2015), como también para continuar el debate teórico y político sobre los cuidados instalado por los feminismos (Llobet, 2020a).


Desarrollo


En los últimos quince años, la agenda social en Argentina se ha transformado a partir de la institucionalización de los derechos humanos y de la territorialización de la protección social (LLobet, 2013). Tal como lo han indicado Medan, Gaitán y Llobet (2019), estos cambios se vinculan con la demanda de proximidad geográfica y social y con la apelación al conocimiento brindado por la experiencia y al caso por caso como forma de construcción del saber. En el marco de este proceso, se crearon o relocalizaron agencias estatales en los barrios y se incorporaron trabajadores con perfiles volcados hacia la entrega afectiva, especialmente en el nivel de la “burocracias de calle” (Medan, Gaitán y Llobet 2019; Lipsky, 1983; Perelmiter, 2011).


Los programas que investigamos, el Envión y el Primera Infancia, se inscriben en estas transformaciones políticas e institucionales. El primero es un programa provincial para jóvenes de entre 12 y 21 años con “derechos vulnerados” y/o en “en riesgo de exclusión” en Buenos Aires y se encuentra destinado a (re)integrarles al sistema educativo y lograr su inserción en el mercado laboral, a través de la contención, recreación y capacitación. El segundo es un programa nacional cuyo objetivo es acompañar y fortalecer en sus capacidades de crianza a familias en situación de vulnerabilidad social a cargo del cuidado de niñes de 0 a 4 años, con el fin de promover el desarrollo infantil integral. En ambos, el proceso de territorialización de las políticas sociales aparece encarnado en la incorporación de referentes territoriales y de forma singular, en mujeres referentas, como mediación clave para que el Estado “llegue” a los barrios. Estes trabajadores facilitan información de las dinámicas de los territorios -disputas, conflictos y circulaciones- a la vez que movilizan relaciones interpersonales que permiten garantizar la efectividad de las actividades institucionales (Medan, et al., 2019). Su participación en los programas es central en la organización del tiempo y la geografía de las intervenciones: cuándo no ir a los barrios, en qué momento cerrar una oficina y dónde realizar las actividades de modo que concurran la mayor cantidad de destinataries (Medan, et al., 2019).


En el caso del Envión, el despliegue en la comunidad y su incorporación directa en la intervención a través del saber de les referentes territoriales, nombrades como operadores barriales, constituyen elementos a través de los cuales el programa construye su identidad y legitimidad frente a otras instituciones, a la vez que refunda la relación de la estatalidad con la juventud en dichos barrios. Que les operadores conozcan el barrio “como la palma de su mano” facilita al Envión adentrarse en cada recoveco del territorio donde une joven necesite “armar vínculo”, con la expectativa de hacerlo antes que otros actores estatales -y no estatales- “riesgosos” para aquellos/as. El “armar vínculo” tiene que ver con acompañarles “cuerpo a cuerpo”; física y afectivamente, contenerles y guiarles en su “pasaje a la vida adulta”. Ese acompañamiento se expresa en el monitoreo de la participación de les jóvenes en el programa, en visitar sus casas si su asistencia se interrumpe, en ir con elles a realizar diligencias al centro del distrito, gestionar asistencia legal y turnos médicos, brindar consejos sobre la crianza a quienes ya son padres y madres y ser sus confidentes en temas considerados sensibles, como, por ejemplo, sus sexualidades, sus relaciones con el delito y el consumo de estupefacientes.


En el Primera Infancia, las referentas territoriales nominadas como facilitadoras también constituyen un intermediario legítimo entre el Estado y sus destinatarias, abriendo las puertas de sus casas y movilizando sus relaciones interpersonales para garantizar la realización y efectividad de las actividades pautadas por el programa. También son ellas quienes despliegan un “saber acompañar”, asesorando a las destinatarias sobre la tramitación de un programa social, ayudándolas a conseguir vacantes educativas en el nivel inicial, compartiendo saberes sobre la crianza o asistiéndolas en situaciones de violencia de género. Tanto en el “armar vínculo” como en el “saber acompañar” se construyen relaciones de confianza e intimidad y se atraviesan redes de cuidados mutuos, modos de reconocimiento y de distinción. Así, les operadores y las facilitadoras son les trabajadores que, por excelencia, tejen lazos que cruzan permanentemente los límites entre espacios diferenciados, tendiendo puentes entre las “esferas” del trabajo y de la intimidad en territorios sociales fuertemente atravesados y constituidos por la precariedad (Zelizer, 2009)[3].


Reflexiones finales

Nuestras investigaciones revelan que las prácticas y estrategias de acompañamiento y cuidado movilizadas por el Estado con el objetivo de mejorar el bienestar de niñes y jóvenes de sectores vulnerados retoman y se yerguen sobre un trabajo relacional principalmente desplegado por mujeres, en arreglos institucionales complejos, porosos y ambiguos que con frecuencia desafían y redefinen los límites previstos por las propias políticas. Estas mujeres referentas, cuya inserción en los programas se enmarca en condiciones generales de existencia estructuradas por la precariedad, despliegan compromisos en su hacer cotidiano de la política que se condensan en un “saber acompañar” y un “armar vínculo” que sitúan a lo individual, lo personal y lo íntimo inmerso en el flujo de la vida colectiva, estructurada asimismo por procesos de jerarquización y desigualdad.


Frente a la amenaza del Covid-19 y la cuarentena decretada en el país, el Envión y el Primera Infancia, tuvieron que cerrar espacios físicos y adaptar su modo de trabajo.[4] Mientras les trabajadores profesionales, que no suelen vivir en los barrios donde residen les destinataries, se volcaron a realizar sus actividades de manera remota, lo que permanece invariable es el trabajo comunitario que hicieron y hacen les referentes. Trabajo que, en el marco de las medidas de aislamiento, quedó expuesto en toda su centralidad en el sostenimiento de la eficacia y la implementación de las políticas y, en última instancia, en el sostenimiento de la vida en los barrios. Espacios donde las personas, enmarcadas en la economía informal y sin ingresos fijos, viven en viviendas precarias, sin acceso a servicios básicos claves para cumplir con las medidas de prevención e higiene ante la pandemia. En estos contextos, donde la precariedad se encuentra extendida a todas las esferas de la vida -las condiciones habitacionales, alimentarias o sanitarias- (Fernández Álvarez; Pacífico y Señorans, 2020; Lorey, 2014), son las organizaciones sociales, les referentes barriales y específicamente las referentas las que sostienen, a riesgo de contraer la enfermedad, la vida social en los territorios.


Por lo tanto, la crisis abierta por la pandemia no hace más que resaltar la necesidad de anudar a las herramientas provistas por la teoría feminista sobre el Estado las discusiones analíticas sobre la categoría de precariedad en un sentido amplio (Llobet, 2020b; Lorey, 2016; Neilson y Rossiter, 2008). Ésta, permite develar la interdependencia e interrelacionalidad para avanzar en una noción de autonomía relacional (Millar, 2014) que considere en un sentido profundo que les individues siempre están entrelazades en relaciones (Han 2012). Consideramos que desde este prisma pueden ser mejor comprendidas las formas de sostenimiento de la vida y el modo en que éstas son incorporadas en la configuración actual de la protección social en Argentina.


Como lo evidencian nuestras investigaciones previas al Covid-19, las vidas cotidianas de diches referentes se encuentran atravesadas y reguladas por múltiples violencias, principalmente de género e institucionales. Sus vivencias y narraciones organizan los trabajos de cuidados que despliegan en el marco de su actuación en los programas. En la actualidad, esas prácticas de cuidado parecen haberse redoblado, siendo que son quienes estuvieron desde el inicio de la cuarentena atentes a la gestión de los alimentos y los elementos de higiene y encargades de dar aviso de alerta frente a un contagio, pero también, frente a situaciones de violencia de género e institucionales. Ante ello, resulta central la categoría de cuidado en los términos en los que el feminismo crítico lo ha definido, no solo en su dimensión ética, sino también, como un trabajo central en la reproducción social de la vida que se encuentra estructurado por desigualdades de género, clase, raza y nacionalidad (Franco Patiño y Llobet, 2019; Rosen, 2019). En última instancia, se trata de enfatizar el carácter relacional de las prácticas de cuidado (Held, 2006), lo que implica que, como toda relación social, deben ser consideradas a la luz de las asimetrías de poder que las estructuran.


Referencias

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[1] Los datos se produjeron en el marco de una investigación doctoral desarrollada entre 2012 y 2017 y continuada en una postdoctoral (2018-2020) y otra doctoral en curso, iniciada en 2017. [2] En Argentina, se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) a fines de marzo (DNU 297). En el área Metropolitana de Buenos Aires, dicho aislamiento concluyó a principios de noviembre de 2020, cuando se relajaron las restricciones y se decretó el llamado Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) (DNU 875). [3] Para una revisión más detallada de estos Programas, ver Gaitán y Paz Landeira (2020). [4] Al decretarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio a fines de marzo, el Estado argentino comenzó a destinar mayor presupuesto a las áreas de salud y a otorgar centralidad a la policía en la gestión del “cuidado”. También desde entonces implementó políticas para los sectores más “vulnerables” (DNU 309, 310, 311 y 320) y lanzó el Programa "El Barrio cuida al Barrio".