Por Claudia Candia Arévalo. Licenciada de Arquitectura, U. de Chile, Fundación Aldea.
Con la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, publicada en Francia en el s. XVIII, queda de manifiesto quién es el sujeto universal; modelo y beneficiario de los privilegios del mundo moderno. Es desde ese momento histórico que se tiene registro de la problematización del sistema patriarcal, que margina, oprime y explota los cuerpos de las mujeres en beneficio de los hombres.
La primera réplica a esta revelación fue la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana (1791), escrita por Olympe de Gourges en respuesta a la exclusión que había hecho la Asamblea Nacional Constituyente con las miles de mujeres que participaron de la Revolución Francesa. El primer artículo de la declaración señala: “La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales no pueden estar basadas más que en la utilidad común.”
Esta declaración cala profundo en muchos ámbitos de la vida, y desde la arquitectura nace la inquietud ¿Es la dicotomía público-privado esa “utilidad común”, donde se funda la desigualdad urbana en relación con el género?
El sujeto universal está enmascarado comúnmente como: Hombre, blanco, heterosexual, físicamente capaz y económicamente productivo, cuyas prioridades son el mundo público y la participación en el mercado. En el contexto actual de la Ciudad Financiera, que constituye un núcleo de acumulación de capital, de producción, intercambio y especulación del suelo, donde el control de la ciudad y su crecimiento esta en manos de entidades privadas quienes se desentienden de las actividades no productivas, se refuerzan las dicotomías productivo-reproductivo y masculino-femenino levantando barreras para la vida y la crianza.
El predominio de este sujeto universal en las dinámicas urbanas tiende a intensificar las asincronías entre trabajo – espacio – género al concebir la movilidad como recorridos lineales y los sectores de la ciudad como zonas especializadas donde no pueden convivir diferentes usos, ignorando así la superposición de roles que toman las mujeres en las ciudades (trabajadoras, estudiantes, cuidadoras, activistas, jefas de hogar, etc.), complejizando la convivencia entre trabajo remunerado y trabajo doméstico, al estar espacialmente disociados. Los trabajos de cuidado que han sido históricamente asignados a las mujeres nos han relegado a los espacios privados excluyéndonos de la actividad política, el entretenimiento y el deporte.
El trabajo doméstico y de cuidados, ocupa en promedio 5,08 horas al día, lo que equivale a 40,6 horas a la semana en un país donde se trabajan 45 hrs. semanales de forma remunerada. Ésta doble jornada laboral para las mujeres, dista mucho de las horas que invierten los hombres en las mismas labores, que no superan las 18 horas semanales (Según informe “La dimensión personal del tiempo” publicado por el INE). Sumado a esto, los sujetos de cuidados (infantes, tercera edad, personas en situación de dependencia) tampoco entran en la definición de sujeto universal, y, por tanto, son también excluidos del espacio público. Por ejemplo, los espacios cívicos del Centro de Santiago no integran a la infancia dentro del diseño de estos, ya que, al ser un núcleo administrativo, se asume que la crianza se produce lejos de esa cotidianidad y no se pueden mezclar, hecho que intenta revertir la Ley de Salas Cunas, sin mucho éxito. Otro ejemplo significativo, es la reciente intervención de varias estaciones de Metro de Santiago para integrar la movilidad universal en sus estaciones más antiguas, intentando subsanar las restricciones con la que se encuentran la tercera edad y las personas con movilidad reducida al momento circular en la ciudad.
Un asunto clave es la implementación de políticas urbanas
Intervenciones en el espacio público, en los proyectos de vivienda de interés social, en la creación de nuevas estaciones de metro, etc. Donde se priorizan los aspectos técnicos e implementan en una lógica vertical, desde las instituciones a los lugares, sin procesos de participación activos. Muchos de estos procesos se reducen a mecanismos consultivos y únicamente aprobatorios, sin considerar las experiencias, preocupaciones y anhelos de quienes habitan el territorio a intervenir.
Los procesos participativos activos son largos, en algunos casos complejos por que cruzan otras problemáticas, sin embargo, son enriquecedores tanto para los proyectos como para las comunidades, y son una forma distinta de “hacer ciudad”, democratizando las decisiones, y generando procesos transparentes y horizontales. Profundizar y multiplicar esos procesos para avanzar a una ciudad más diversa, integrada y participativa, es sin duda, una manera de avanzar a una ciudad feminista.