Nuestra compañera Mabel Araya compartió hace unos días en el diario chileno El Mostrador sus apreciaciones respecto a la situación laboral femenina en medio de la crisis sanitaria y de la peor crisis económica de las últimas décadas.
La crisis mundial provocada por el COVID golpeó fuerte a Chile con una economía neoliberal, sin un sistema de seguridad social con foco en el bienestar de las trabajadoras y trabajadores, bajísimos salarios y con muchas empresas pequeñas sin capacidad de sostenerse al vivir al mes. Con casi nulas políticas de protección al empleo, la tasa de desocupación alcanzó un 9,9% para las mujeres y un 8,3% para los hombres, en el último trimestre.
Según la Encuesta Nacional de Empleo del INE, la tasa de ocupación laboral femenina para el trimestre móvil febrero, marzo y abril (en adelante, FMA 2020) fue de 42,6%, la más baja en la última década. Esto quiere decir que menos de la mitad de las mujeres en edad de trabajar lo está haciendo por una remuneración. Retrocediendo años de avance en la materia.
Aún más grave es que la tasa de participación laboral de las mujeres para ese mismo periodo fue de 47,3% en comparación con 69% de los hombres. Si bien, los hombres también bajaron su participación en la fuerza de trabajo (de 73,3% en FMA 2019 a 69% en FMA 2020) sólo 176.712 de ellos declararon no trabajar por “razones familiares permanentes”, es decir, cuidando a personas del hogar. En comparación, con la dramática cifra de 1.334.522 mujeres que declararon esta misma razón, no trabajar por realizar trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
Las mujeres estamos saliendo de la fuerza de trabajo. Las consecuencias de esto son devastadoras, al no tener trabajo remunerado se pierde la autonomía económica. Esta es clave para poder vivir nuestras vidas sin depender del dinero de otras personas, tomar nuestras propias decisiones, y, aún más importante, permite a muchas mujeres salir del círculo de la violencia de género en los hogares.
Una de las pocas ramas de actividad económica que aumentó la cantidad de personas ocupadas dada la contingencia de COVID19 fue la rama de salud (de 518.962 a 521.399 personas). Sin embargo, a pesar de ser una de las ramas más feminizadas (donde tradicionalmente trabajan más mujeres que hombres), estos puestos de trabajo fueron mayoritariamente ocupados por hombres, y la cantidad de mujeres ocupadas en salud disminuyó en comparación al mismo trimestre del 2019.
"Urgen políticas públicas que no sólo se encarguen de dinamizar el mercado laboral, generar condiciones de trabajo dignas y parar con la cesantía de hombres y mujeres, si no que también promuevan la corresponsabilidad y la participación de los hombres en el trabajo del hogar."
Lamentablemente, todo prevee que no sólo continuará aumentando la desocupación laboral, si no también la brecha de participación en el mercado de trabajo entre hombres y mujeres. La mayoría de las mujeres trabajan en el sector terciario de la economía, vastamente precarizado y compuesto principalmente por comercio y servicios. Este es el sector que más se ha visto afectado por la crisis y en donde se espera una lentísima recuperación. Aunque se logre controlar el virus, se levante la cuarentena y se reactive el mercado, muchos puestos de trabajo se perderán para siempre. La reinserción laboral para las mujeres va a ser aún más compleja ya que políticas como el postnatal exclusivamente femenino hacen que para el mercado seamos más costosas de contratar.
Ya varias feministas hemos planteado la profundización de la crisis de cuidados que conlleva la escasez económica. La sobrecarga en los quehaceres del hogar y el cuidado de niños, niñas, adultos mayores dependientes y personas enfermas recae en las mujeres. En 2015, según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, los hombres que estaban fuera del mercado laboral declararon dedicarle 2,5 horas al día en promedio a actividades de trabajo no remunerado, como hacer aseo, cocinar, cuidar a niños y niñas, etc. Mientras que las mujeres en esta misma situación le dedicaban 6,2 horas al día en promedio, más del doble. Las mujeres que no participan en el mercado laboral siguen trabajando, tienen menos horas de ocio y descanso. Mientras, los hombres cesantes o fuera de la fuerza de trabajo dejan de realizar cualquier forma de trabajo, ya sea doméstico o para el mercado.
La desigualdad en el trabajo no remunerado, en el contexto de la pandemia, se agrava con el aumento de la intensidad de los cuidados que ocurre con la presencia de más personas en el hogar por la cuarentena, muchos de ellas también enfermas por COVID. A esto se suma la responsabilidad de la participación, principalmente de mujeres, en trabajos comunitarios como ollas comunes y acopio de víveres, para palear una de las más nefastas consecuencias de la crisis: el hambre.
La ausencia de políticas de Estado se resiente de forma importante, actualmente hay 1.016.914 mujeres y 701.484 hombres que forman parte de la fuerza de trabajo potencial, personas actualmente no están ocupadas, si no que están buscando trabajo o manifiestan estar disponibles para trabajar en el mercado laboral. Estas cifras ni siquiera incluyen a quienes se encuentran cesantes (personas desocupadas), quienes además de estar buscando trabajo deben encontrarse disponibles para trabajar para ser considerados como tal. De incluir a quienes se encuentran en la fuerza de trabajo potencial, la tasa de desocupación femenina se elevaría a un muy alarmante 29,3%. La fuerza de trabajo potencial, que hace un año contemplaba a 448.927 mujeres y 271.950 hombres, muestra el grave escenario en que nos encontramos. Si bien han proliferado redes de apoyo colectivas y territoriales, estas iniciativas son insuficientes frente al casi completo abandono del Estado en la materia.
Necesitamos poner la vida en el centro, y es aquí donde la renta básica universal, se hace aún más urgente. La vida de las personas no puede depender de la volatilidad del mercado. Tener una renta estable que abastezca al menos lo necesario para vivir, que sobrepase la línea de pobreza, es un mínimo para poder sortear la escasez que acompaña al COVID y la mala gestión del gobierno. Tener un ingreso asegurado permitiría generar, además, un piso material para poder avanzar en la repartición de los cuidados.
Hoy más que nunca se hace necesaria la valoración del trabajo doméstico y de cuidados que se realiza en los hogares. Son estas las actividades que sostienen nuestra vida, y la crisis ha evidenciado la injusta división sexual del trabajo. Urgen políticas públicas que no sólo se encarguen de dinamizar el mercado laboral, generar condiciones de trabajo dignas y parar con la cesantía de hombres y mujeres, si no que también promuevan la corresponsabilidad y la participación de los hombres en el trabajo del hogar. Si bien la temática genera acuerdos transversales, aún no hay voluntad política para establecer un sistema nacional de cuidados que pueda articular, tanto interministerialmente como a nivel local, políticas de cuidado colectivas.
Las medidas económicas que se tomen para enfrentar la crisis deben tener enfoque de género, con el principal objetivo de promover la reinserción laboral femenina en empleos de calidad, que asegure la autonomía de las mujeres. Pero esta reinserción laboral es imposible sin preocuparnos de cómo sostenemos la vida, y por lo tanto, de la redistribución del trabajo de cuidados. Tenemos una oportunidad única para avanzar y asegurar derechos sociales. No la perdamos.
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